El Ecuador enfrenta un difícil año agrícola en el cultivo de maíz, con una cosecha que se ha visto disminuida por el ataque de plagas y por condiciones agronómicas que han afectado su rendimiento.

Por ejemplo, en la zona central del país, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reportó pérdidas significativas en los cultivos por el ataque del gusano cogollero y otras plagas. En consecuencia, el mercado es deficitario de maíz, con precios muy altos: 50% más altos que en los países vecinos, que se reflejarán en mayores costos para toda la cadena, incluyendo el consumidor final.

¿Cuánto de este impacto se pudo haber evitado o disminuido con el uso de variedades de maíz más resistentes, con prácticas agronómicas distintas o con una mejor fertilización?

En este contexto y en su intento de contribuir al desarrollo agrícola sostenible en el Ecuador -respetando el patrimonio genético de la agrobiodiversidad- la Asamblea ha creado una nueva norma: Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable.

En este esfuerzo de promover mejoras en productividad y competitividad que, urgentemente, requiere el agricultor ecuatoriano, la ley, en su artículo 56, permite el ingreso de semillas y cultivos transgénicos para fines de investigación. Este articulado es positivo porque finalmente el país abre la posibilidad a la investigación. Pero… ¿investigación de semilla importada? Un análisis más profundo muestra que la ley sigue siendo un esfuerzo aislado y se centra solamente en la importación, más no en la promoción de investigación y producción local de semilla. Esta restricción, desde el punto de vista del conocimiento, significa mantener o ampliar la brecha del atraso científico y tecnológico del país.

Por otro lado, en la ley se define como infracción el ingreso o uso no autorizado de semillas o cultivos de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) para fines de producción.

Continúa la elaboración de leyes, y luego vendrán reglamentos, que hasta la fecha no han sido plenamente implementados por la falta de un marco regulatorio consistente y complementado con las capacidades de técnicos, científicos, investigadores y laboratorios; análisis de riesgos e institucionalidad.

¿Hasta cuándo mantendremos la discusión sobre la normativa teórica, aislada y contradictoria, alejada de la realidad del transgénicos agricultor ecuatoriano, quien desesperadamente busca mejorar sus costos de producción y rendimientos para poder ser competitivo ante los productos que ingresan de los países vecinos y de la región, a precios mucho menores?

¿Nos damos cuenta que los altos costos de producción de derivados de bajos rendimientos contribuyen a que el consumidor ecuatoriano disminuya el consumo de productos alimenticios a precios accesibles?

La accesibilidad a alimentos de calidad permite la disminución de la desnutrición y malnutrición, causas principales de problemas de desarrollo y aprendizaje en los niños, perpetuando el problema de atraso a las siguientes generaciones.

En ausencia de la plena ejecución de un marco regulatorio, no extraña escuchar sobre reportes de campo de cultivos de soya que resisten a la aplicación de herbicidas y sugieren que, en algunas zonas del país, existirían cultivos OGM, que estarían ampliándose de año en año.

Si de estos reportes se confirma el uso de semillas OGM, estaremos frente al mismo problema que enfrentó Brasil hace quince años, en que la prohibición de uso establecida por la ley no tuvo ningún efecto y el Estado debió cambiar la normativa cuando más del 30% de cultivos de soya y maíz en el Brasil ya eran OGM.

El no promover la investigación científica local aumenta la brecha de dependencia científica y tecnológica. La única forma de promover la soberanía alimentaria verdadera es creando la capacidad del país en la generación de conocimiento y tecnología agrícola, para sus condiciones agronómicas y culturales.

Las instituciones de investigación científica -como el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y las universidades- no pueden estar al vaivén de la situación económica y política del país, sino que deben recibir el apoyo continuo y consistente para mantener programas de investigación a largo plazo.

La biotecnología, y dentro de ella los OGM, constituye una herramienta importante que permite el mejoramiento de características nutricionales y agronómicas. Sin embargo, estas mejoras son insuficientes; la mejora de la producción agrícola, eficiente y competitiva, va más allá de contar con semillas de alta calidad y potencial de rendimiento.

Debe incluir de manera integral la tecnología de manejo de suelos, manejo de cultivos, riego, acceso al crédito y sistemas de cosecha, almacenamiento y comercialización, entre otros, impactando positivamente en toda la cadena y finalmente al consumidor, a una sociedad mejor alimentada con todos los beneficios que eso supone.

La historia en lo que respecta a los OGM transgénicos en el Ecuador, muestra que la inclusión aislada de artículos en la Constitución, leyes y reglamentos no tiene ningún efecto, ni en promover la investigación y su desarrollo, ni en evitar el cultivo no autorizado de OGM.

Se requiere de la acción coordinada del Estado, academia e industria, con roles claros y sinérgicos entre cada uno de ellos, para implementar programas efectivos de desarrollo agrícola. Debemos estar prestos a apoyar las políticas que al respecto planteen instituciones como el MAG, el INIAP y otras e involucrarnos activamente en aportar a la seguridad alimentaria del país.

En una segunda etapa, el Ecuador es privilegiado por la disponibilidad de recursos hídricos, así como por su situación geográfica y podría ser un importante exportador de alimentos.