Competitividad, controles del contrabando y de enfermedades, son temas que el sector porcicultor enfrenta y quiere resolverlos.
La porcicultura del Ecuador intenta recuperarse en medio de la crisis económica que vive el país como consecuencia de la pandemia generada por la Covid-19, y otros factores que se incluyen como el contrabando de la carne de cerdo, y patologías: Peste Porcina Clásica (PPC) y Peste Porcina Africana (PPA).
Para Paúl Parra, presidente de la Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE), los años de pandemia (2020-2021) fueron “muy duros y complicados frente a la tarea de sostener la industria, el negocio y las inversiones”.
La aspiración de los porcicultores es que el año 2022 sea de recuperación y estabilidad, “a pesar de tantos golpes a la economía, como las nuevas contribuciones al fisco, y el incremento de salarios”. En todo caso, Parra confía que las políticas de apertura comercial con México, China, y el ingreso a la Alianza del Pacífico, que impulsa el Gobierno, permitirán el crecimiento del sector.
Aclaró que la proyección de productos ecuatorianos hacia el mercado externo debe ser analizado en un contexto que beneficie al país, y recomendó que para lograr ese objetivo se resuelvan una serie de debilidades antes de intentar ingresar al mercado para competir con otros niveles de producción, que tienen varias ventajas competitivas, como el tema sanitario, costos de producción, etc.
Las principales provincias productoras de cerdo son: Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Guayas, Manabí y Los Ríos.
Agenda de competitividad
Parra exhortó a las autoridades para que se empiece a trabajar en una agenda de competitividad, interna como la única vía para competir con los mercados internacionales.
Recordó que en el Consejo Consultivo de la Carne de Cerdo, convocado a inicios de año por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se revisaron las cifras de producción basadas en los datos del programa de vacunación de la Peste Porcina Clásica (PPC).
Hasta el 2020 la producción total fue de 200 mil toneladas métricas de carne de cerdo, y en 2021 se registró un crecimiento de entre el 3 y 5%. Los porcicultores estiman que en 2022 este porcentaje se podría mantener o incluso subir al 7%, aunque esto dependerá de las condiciones internas y del consumo.
En enero de este año, disminuyó la demanda de compra de carne de cerdo. Parra lo atribuyó a las condiciones sanitarias que se vive en el país, pero adelantó que si se toman medidas acertadas en el resto del año, habrá un mayor crecimiento.
El mencionado Consejo Consultivo autorizó la importación de tres mil 700 toneladas al año de grasa y cuero para atender el mercado industrial de producción de embutidos, y de 300 toneladas para las cadenas internacionales que requieren cortes específicos como la costilla. Esto representa aproximadamente entre un 2.5% del total de la producción nacional que no generará dificultades.
A escala nacional, los productores de traspatio, los medianos, pequeños, y el sector industrial, tienen un destino del 100% para su producción y las necesidades internas, tanto del consumo de carne como para el abastecimiento a la industria
Contrabando, una lacra
Dijo que del 100% del total de la producción, no se cuantifica la cantidad de carne de cerdo de contrabando que ingresa por la frontera norte y sur. “Realmente se convierte en una lacra y la amenaza ante la cual todos tenemos que trabajar para proteger la producción nacional”, advirtió.
El tráfico de esta proteína por las fronteras (cerdo procesado y congelado, de corte, y cerdo vivo), está entre el 8 y 10% del total de la producción lo que representa entre 10 y 12 mil toneladas.
Parra hizo un llamado al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), al Servicio de Rentas Internas (SRI), a Agrocalidad, al Ministerio de Gobierno, a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y a gremios productivos, a denunciar los casos para que se detenga e identifique el ingreso del contrabando para limitarlo al máximo.
Efectos de la PPC y la PPA
Paúl Parra aseguró que, de alguna forma, la PPC está bajo control, pues a través de las campañas de vacunación es probable que en un par de años pueda ser erradicada, lo que sería un gran mérito para que las granjas se califiquen y se certifiquen como libres del PPC e intentar mirar hacia mercados internacionales.
Estefanía Loaiza, directora Ejecutiva de ASPE, consideró necesario que además de continuar con la erradicación de PPC, “es imprescindible implementar todas las acciones necesarias, en vigilancia y control, para prevenir el ingreso de la Peste Porcina Africana (PPA), que se encuentra en República Dominicana y en Haití desde el año pasado”.
Tanto Parra como Loaiza advirtieron del debilitamiento de Agrocalidad, autoridad sanitaria del país que vio reducir su presupuesto para la campaña de vacunación contra la PPC. Indicaron que estas enfermedades se combaten con prevención, y control en puertos, aeropuertos, pasajeros y/o viajeros, a aerolíneas y naves marítimas.
Con la mira en China
Estefanía Loaiza estimó necesario cumplir los parámetros de sanidad animal exigidos para exportar carne de cerdo, que podría ser aprovechada por Ecuador si se firma un acuerdo comercial con China, el mayor productor y consumidor de carne de cerdo en el mundo y que debido a la PPA eliminó más de siete millones de animales, convirtiéndose en importador de esta carne para satisfacer su demanda interna.
Sostuvo que China, para calificar a sus proveedores, incluye visitas de sus funcionarios para comprobar el cumplimiento de sus propuestas. “Hemos solicitado a Agrocalidad una serie de acciones para garantizar el cumplimiento de estos requisitos, e iniciar los procesos que se requieren para la exportación, entre los cuales igualmente está que la autoridad sanitaria debe cumplir una serie de exigencias y demostrar que tiene la suficiente infraestructura para la vigilancia, control en fronteras, en granjas y en centros de faenamiento”.
Si bien el sector porcícola del país ha mejorado su producción y bioseguridad en granjas, Loaiza consideró necesario mejorar la operatividad de centros de faenamiento, sobre todo en los que están bajo la administración de los municipios o consejos provinciales, y en los que falta aplicar las regulaciones de Agrocalidad, y el MAG.