ENORME INQUIETUD DESPERTÓ EN EL SECTOR PRODUCTIVO ECUATORIANO EL TEXTO DEL PROYECTO DE “LEY ORGÁNICA DE PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES NO HUMANOS”
El proyecto de ley fue presentado por la Defensoría del Pueblo del Ecuador y que al momento se encuentra en la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional.
Y no es para menos. Este texto, además de que contradice la normativa vigente, no ha sido debidamente socializado con las instituciones encargadas de regulación y control, ni con los gremios y asociaciones del sector productivo.
Son múltiples las preocupaciones alrededor de los potenciales riesgos en caso de aprobarse un texto como el que al momento se encuentra en análisis de la Comisión de Biodiversidad. Es por ello que los diferentes actores han remitido un sinnúmero de oficios y peticiones a este organismo, para que analice e incorpore sus aportes y observaciones.
PERO, ¿CUÁL ES EL CONTEXTO EN EL QUE SURGE UN PROYECTO DE LEY TAN CONTROVERSIAL?
El caso de la “mona Estrellita”, que se viralizó en redes sociales y otros medios de comunicación en el 2022, surge a raíz de que esta monita, la cual vivía en calidad de mascota, es retirada de un domicilio por los entes de control, para llevarla a un zoológico con la finalidad de proporcionarle un hábitat adecuado.
Poco tiempo después el animal murió y, tras el debido proceso, la Corte Constitucional (CC), mediante sentencia N° 253-20-JH/22, insta a la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE) a crear una ley de defensa de animales.
El proyecto de Ley llegó a la Asamblea Nacional en diciembre del 2022 y tiene dos años para ser puesto en consideración del Pleno del Legislativo. Para sorpresa de muchos sectores, que aseguran no haber sido parte del proceso de construcción del proyecto de Ley, el texto aparece sesgado, contradictorio y no adaptado a la realidad del país.
Es así como instituciones estatales, gremios, asociaciones y otros actores, principalmente del sector productivo, han levantado su voz para que su postura sea recogida en este proyecto de ley, que -con los aportes de otras cuatro propuestas de la misma materia- deberá ser analizado por el Pleno de la Asamblea Nacional hasta finales de este año.
Es así que a la sesión N° 178 de la Comisión de Biodiversidad, realizada este 17 de junio de 2024, comparecieron autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP), de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), entre otras entidades que tienen competencias relacionadas con el ámbito de esta Ley, así como representantes de gremios y asociaciones del sector productivo.
Guido Vargas, presidente de la Comisión de Biodiversidad, anunció que, ante los cuestionamientos expresados en diferentes medios de comunicación al texto de este proyecto de Ley, “la comisión ha recibido las comparecencias y comisiones, en diferentes convocatorias, para que los especialistas de los actores sociales, gremiales, científicos, puedan aportar sus criterios a este proyecto”.
Agregó que dada la importancia de este proyecto de ley, y con la aprobación del Presidente de la Asamblea Nacional, se amplió 30 a 60 días el plazo para seguir debatiendo este proyecto de ley y “escuchar a la mayoría de ecuatorianos y actores”.
Durante la jornada, el ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios, expresó: “estamos de acuerdo con que el país tenga una normativa que proteja a los animales de tratos excesivamente crueles, pero siempre trabajando de la mano con nuestro sector productivo, … con los mismos productores y teniendo como norte a los consumidores y familias ecuatorianas que al final serán beneficiados o perjudicados por esta norma”.
Palacios advirtió que si esta Ley “es manejada de manera irresponsable puede resultar en el incremento de la canasta básica, el endurecimiento innecesario de sanciones y la escasez de alimentos que forman parte de nuestra dieta”.
“Estamos abiertos a trabajar conjuntamente con la Asamblea Nacional, así como con las diferentes entidades vinculadas a las actividades productivas. Creemos que el proyecto de Ley Orgánica de promoción, protección y defensa de los animales no humanos debe ser revisada profundamente y establecer normas reales, técnicas, eficientes y que no estén respaldadas únicamente en el dogma de un grupo no representativo”.
“Estamos conscientes de que tener alimentos de calidad contribuirá a una mejor salud de los consumidores, pero también será una garantía para que los productores mejoren sus ingresos”.
“Con nuestro equipo técnico en el territorio trabajamos de la mano de los productores para guiarles en la aplicación de buenas prácticas agrícolas y agropecuarias, que respetan los procedimientos adecuados.
Desde los diferentes organismos del Estado ya existen normativas que sirven como guías para el faenamiento de animales de producción, impulsamos su empleo y difusión en el sector productivo. Socializamos en territorio temas como manejo de los animales, … respuestas a situaciones de emergencia, entre otros temas”, aseguró el Secretario de Estado.
“Impulsamos el trato digno a los animales y trabajamos juntos por el futuro ambiental de la región. Estamos dispuestos a solventar temas que afecten tanto a la protección de la fauna como al desarrollo sostenible de la comunidad…Debemos tener muy claro que somos responsables de la seguridad alimentaria de nuestro país y que debemos tomar decisiones con responsabilidad y mesura, llenándonos de toda la información necesaria”, concluyó Palacios.
Andrea Gómez, delegada de la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, mencionó que existen aspectos positivos en los textos del proyecto de Ley, como la necesidad de concienciar a la ciudadanía sobre la protección de la naturaleza, el cuidado del medioambiente y los animales.
Además, permiten generar un debate respecto del bienestar animal, no solamente a nivel de Gobierno central sino también en territorios, a la vez que promueve la capacitación sobre todo a servidores públicos y ciudadanía sobre lineamentos de bienestar animal.
Expresó, por otra parte, algunas preocupaciones respecto del texto propuesto por la Defensoría del Pueblo, ya que “como ente rector del sector productivo … no hemos sido parte de la construcción de este proyecto de ley que tiene alta injerencia en la economía y en la sociedad ecuatoriana”.
Destacó, por ejemplo, la falta de una clara clasificación de los animales según su fin o naturaleza, lo cual puede limitar la relación productiva entre las personas y los animales.
Esto complica la normativa que pueda afectar a estos sectores, tomando en cuenta que estas actividades económicas son determinantes para nuestra economía, en tanto generan más de 290 mil empleos, sobre los 12 mil millones de dólares en ventas anuales y son sectores que anualmente crecen en exportaciones; por tanto, si no se tiene claro el ámbito de aplicación de la normativa pueden generarse desincentivos a las inversiones y restricción económica.
En el texto del proyecto de Ley, las exigencias para migrar de sistemas productivos intensivos a sistemas abiertos son altas. Estos sistemas abiertos requieren mayores áreas productivas para fincas y granjas y por tanto mayor inversión en infraestructura, transporte, procesamiento y almacenamiento.
Esto promovería un crecimiento de la frontera agrícola y una presión hacia los ecosistemas, generando afectaciones al medioambiente.
En cuanto al impacto en la producción animal, “al considerarse la prohibición de actividades de confinamiento como es la producción en galpones, lo que puede provocar es que se cierren fincas ganaderas o avícolas, piscinas para la producción de camarón y otros tipos de producciones intensivas... Si se limitan estas actividades económicas se estaría afectando a la soberanía alimentaria, a la actividad económica y al empleo adecuado”, señaló Gómez.
Además, se limitaría el derecho al trabajo, a la libre empresa, el acceso a una alimentación adecuada. Un alto incremento en los costos de producción implicaría asimismo una reducción en el acceso a productos como huevos, leche, proteína animal, que son parte de la canasta básica.
“LA OMS ya establece los parámetros de bienestar animal para la producción de animales tanto terrestres como acuáticos, para su transporte, sacrificio para consumo humano, producción en granjas y da lineamientos para animales de compañía y en laboratorio”.
Desde el MPCEIP se propone, por tanto, “fortalecer estos lineamientos establecidos internacionalmente y promover el bienestar animal en la normativa que existe actualmente … fortalecer sistemas de control y vigilancia, promover estrategias de trazabilidad”, concienciar sobre el consumo responsable de estos productos, generar incentivos y asesorías desde la política pública.
Gómez advierte que, si no cumplimos con lo que nos establece la OMSA como país, vamos a sufrir un daño en nuestra reputación respecto del control y el cumplimiento de normas sanitarias y, por ende, reportar pérdidas en mercados internacionales e inclusive enfrentar restricciones comerciales.
“El consumo de proteína a escala internacional está creciendo debido al alto contenido nutricional de este tipo de productos, por lo que, si queremos ser partícipes de las exportaciones necesitamos cumplir con normas de sanidad animal que ya están establecidas y debemos fortalecer este proceso con estrategias de política pública”.
Se debe fortalecer, asimismo, la institucionalidad de los entes de control con independencia financiera y técnica, afirmó Gómez.
