WLADIMIR SOLÍS, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR (TADEC), SOLICITÓ QUE EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE LEY SE TOME EN CUENTA A EXPERTOS DE LOS DIVERSOS SECTORES, QUE PUEDAN APORTAR CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS DESDE LA PRÁCTICA Y NO SOLAMENTE A ORGANIZACIONES ANIMALISTAS.

Destacó además que los derechos de los animales no pueden ser equiparados o sobrepasar los derechos del ser humano.

Expuso además algunos ejemplos que evidencian los beneficios de la producción intensiva en términos de garantizar el bienestar animal. Mencionó que “la mortalidad de gallinas en jaulas en un período de puesta de 52 semanas está alrededor del 5,39 por ciento, mientras que la mortalidad en las gallinas camperas, criadas al aire libre, está alrededor del 9,52 por ciento, un 77 por ciento más alta”.

“La variabilidad en la mortalidad de parvada también es más alta, las gallinas en jaulas están en 3,05 % y las camperas en 7,41%, un aumento de 143%”

“Cabe preguntarse entonces ¿qué consideramos por bienestar animal? Al aire libre las aves tienen mayor contaminación. De hecho, la razón por la cual se decidió colocar a las aves en jaulas fue facilitar la intensificación de la producción pero también evitar a las gallinas el contacto directo entre sus picos y sus heces.

El terreno donde están las aves enfermas puede infectarse con una variedad de bacterias como la salmonella, que es un tema de salud pública”.

Jorge González, ingeniero agrónomo zamorano, quien actualmente lidera la primera granja porcina en Latinoamérica que ha sido certificada con bienestar animal bajo normativa europea para la Welfare Quality, afirma que “humanizar cualquier animal es la forma más severa de maltrato ya que lo aleja de su comportamiento natural como animal”, asegura que las prohibiciones propuestas son sobre regulatorias y antitécnicas y terminarían “encareciendo, entorpeciendo, dificultando… la producción de carne y otras proteínas de origen animal”, así como imponiendo sanciones a los productores sin ninguna una base técnica.

Juan José Grijalva, experto legal en bienestar animal, refirió haber acudido “muchas veces a la Defensoría del Pueblo, junto con otros representantes del sector productivo, … pero no se tomó en cuenta nuestra participación, nuestras observaciones ni los documentos que reiteradamente compartimos y les hicimos llegar por los canales oficiales.

Este proyecto de ley fue construido de forma privativa, excluyente y no participativa, no se tomaron en cuenta los lineamientos de entes rectores” de la política pública.

A la Comisión de Biodiversidad le corresponde, por tanto, realizar un análisis integral de la propuesta, que incluye “verificar el cumplimiento de disposiciones contenidas en otros fallos de la Corte Constitucional (consulta prelegislativa, consulta ambiental, factibilidad financiera) y analizar los impactos para todos los actores involucrados”.

Marisol Molina, representante de la Unión de Productores de Huevos (Uniproh), explica que en Ecuador existen 310 granjas avícolas productoras de huevos a nivel nacional, de acuerdo con el último censo realizado por el Ministerio de Agricultura; alrededor de 20 mil familias viven directa o indirectamente de esta actividad, el 95 por ciento de ellas laboran en zonas rurales; 90 mil familias son parte de la cadena del maíz. El aporte al PIB anual por parte del sector es de 600 millones de dólares.

El huevo es la proteína natural más completa ya que aporta una concentración excepcional de nutrientes y un valor energético muy elevado. La aprobación de este proyecto de ley limitaría el acceso a este gran alimento, ya que los costos de producción se triplicarían, con lo cual se incrementarían mucho más los indicadores de desnutrición infantil. Adicionalmente, se dejaría sin fuentes de empleo a más de 300 mil personas.

“Las aves son nuestra razón de ser productores de huevos de mesa”, llevamos a cabo un cuidadoso proceso de producción y selección de los huevos, brindamos a las aves alimentación adecuada, controles médicos veterinarios permanentes, vacunación, aplicamos medidas de bioseguridad y todo aquello que garantice el bienestar de las aves y potencie el proceso productivo.

Propone construir una ley equilibrada que beneficie a la nutrición y al trabajo de los seres humanos, así como al bienestar animal.

Ramiro Apolo, de la Federación de Avicultores y Productores Pecuarios del Ecuador (Fedave), considera que “la vida del ser humano debe estar primero para, a partir de allí, cuidar el bienestar de los animales”. “No es que ahora se nos ocurrió como seres humanos comer proteína animal y los productores somos los malos de la película, la proteína animal es insustituible”. “Claro que los animales deben tener garantizadas sus libertades, pero nuestros niños también deben tener acceso a proteína de calidad, más aún en un país con niveles alarmantes de desnutrición crónica infantil”.

Édgar Navarrete es productor de huevos y miembro de la Asociación de Avicultores Puéllaro, una parroquia floreciente gracias a la avicultura. Navarrete ve a la propuesta de la DPE como un texto lleno de duplicidades, una propuesta alejada de la realidad del país, cargada de prohibiciones y sanciones, “incluso su redacción es ambigua, confusa y discrecional … y pone en serio riesgo nuestra soberanía alimentaria en lugar de impulsarla y protegerla”.

“Esta ley no separa a los animales de compañía de los de producción y esto empuja a muchos productores, especialmente a los más pequeños a caer en la informalidad”.

“Esta cadena supera los 300 mil trabajadores formales”, asegura. “El bienestar animal no es nuevo para nosotros, nos regimos por una serie de normas nacionales e internacionales. Estamos haciendo una ley eminentemente política cuando esta debe ser técnica y para ello hay personal capacitado…

Nuestros rendimientos zootécnicos son similares e inclusive más elevados que en países más desarrollados, esto no sería posible sin bienestar animal”.

“Con la perversa ley se quiere quitar el huevo del plato de los pobres, pues su precio casi se duplicaría o triplicaría al obligarnos a producir de esa manera tan primitiva”.

Estas son solamente algunas de las tantas voces que confían en que la Comisión de Biodiversidad, y posteriormente el Pleno de la Asamblea Nacional, elaboren un texto que beneficie al país en su conjunto y que garantice tanto los derechos de las personas como los de los animales y el medioambiente.