A través del Acuerdo Ministerial 096, del 11 de septiembre, el MAG fijó en 29 dólares el precio mínimo de sustentación del quintal de soya nacional.

El precio se construyó de manera técnica, considerando todos los eslabones de la cadena, la actual situación económica del país, y no tiene la intención de afectar a la industria", afirmó Robert Córdova, subsecretario de Comercialización, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), al referirse a la fijación del precio del quintal de soya nacional.

Detalló que en el país se fijan precios mínimos para once productos, entre otros: maíz, arroz, banano y leche, como resultado de una tarea previa, que está a cargo de un consejo consultivo donde la industria y los productores llegan a consensos permanentes.

Si bien han existido acuerdos para fijar -por ejemplo- el precio del arroz o el maíz, Córdova reconoció que desafortunadamente para el caso de la soya no hubo consensos por el estatus de la pandemia.

Explicó que el precio se lo definió tras un análisis de costos elaborados por los departamentos técnicos del MAG, para mantener el mismo precio que venía desde el año pasado.

Se refirió a las bondades del diferimiento arancelario para trigo y soya por cinco años, que en anteriores gobiernos eran aprobados cada dos años. "Para el fisco, fijar este producto para cinco años, representa dejar de percibir entre 16 y 60 millones de dólares anuales", dijo.

El Subsecretario indicó que un gremio de la industria le envió un oficio donde se refería a un consenso con dos comerciantes de soya, pero que esto no le permitía tomar una resolución que afecte a 150 o 200 productores.
Respecto a un cambio de cultivos, para no seguir produciendo soya, Córdova respondió que "decir a alguien que no siembre soya y que cambie de cultivo es fácil, pero el recambio es difícil". Señaló que el cultivo de soya es una buena opción para la rotación de la salud del suelo, aunque también se debe enfatizar en mejorar la tecnología.

Exigen responsabilidad
Jorge Josse, director Ejecutivo de la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados (Aprobal), reprochó la decisión del MAG pese a la existencia de un preacuerdo con productores gremiales, para cerrar el precio en alrededor de 25 dólares.

El sector productivo no está de acuerdo con el precio fijado para el quintal de soya nacional.
Consideró que las protestas de quienes reclamaban por el precio del arroz, que derivó en el cierre de carreteras, fue aprovechado por ciertos grupos de comerciantes de soya para que el costo del grano se mantenga en 29 dólares.

Josse exigió al Gobierno responsabilidad y que baje el precio del quintal de la oleaginosa, tras considerar que las autoridades cedieron a la presión social de ciertos grupos que impusieron sus puntos de vista, haciendo caso omiso de criterios técnicos que ayudarían a mejorar la competitividad del país.
La tonelada de soya nacional está sobre los 630 dólares, pero tras un proceso de extracción del aceite para que pueda ser utilizada como torta de soya, el costo llega a 800 dólares. Frente a la tonelada importada hay una diferencia de casi un 100%, lo que significa una carga adicional para el costo de producción.

"Si la soya nacional tuviese un precio más racional no nos opondríamos a comprarla, pero el grave problema es el excesivo sobreprecio", afirmó, tras advertir que esta es una señal inadecuada porque se acostumbra al agricultor a trabajar con baja eficiencia, y aún más cuando el Ecuador se encamina a una apertura comercial.

"No podemos pagar los platos rotos"
"Realmente la noticia nos tomó por sorpresa", dijo Christian Pérez, titular de la Asociación de Avicultores y Fabricantes de Alimentos Balanceados de Tungurahua, (Asofabat), y alertó que la decisión del MAG no fue producto de un consenso, sino de la presión de un grupo de agricultores.

Para este sector, la decisión "encarece gravemente" el costo de balanceados necesarios para la producción de huevos y pollo de carne. Para la formulación del balanceado se requiere de varios ingredientes, como la torta de soya que se la utiliza hasta en un 25%.

El porcentaje de empleo de soya nacional está en alrededor del 5% con relación a la importada, pero el problema -indicó- es que esto tendrá un efecto directo en los costos de producción y en lo que tendrá que pagar el consumidor final. De hecho, esta decisión también provocará un traspié en el objetivo de lograr una mayor competitividad.

Pérez exhortó a las autoridades a adoptar medidas que eviten pérdidas como las producidas en 2018 y 2019 por los excesivos costos de producción. "El Ministerio de Agricultura y Ganadería debe considerar si es necesario seguir subsidiando un producto que no es rentable en el país; si el agricultor ve que su cultivo no se justifica, el Gobierno debería ayudarlos para que se siembren otros granos como el fréjol, pero no dejar que nosotros paguemos los platos rotos", enfatizó.

Consideró que de alguna manera el diferimiento arancelario de la soya, aprobado hace cinco años solventa la producción, los costos y la provisión del grano requeridos por el sector agro productivo.

Materia prima no competitiva
Para Diana Espín, directora Ejecutiva de la Corporación Nacional de Avicultores (Conave), la consecuencia de fijar ese precio será "una desventaja por una materia prima no competitiva en medio de un proceso de aperturas comerciales del Ecuador con Chile, México y Estados Unidos" e indicó que eso encarece el costo de producción del balanceado y de la proteína.

Manifestó que en Ecuador no existe capacidad instalada para procesar y transformar el grano de soya de manera rápida y adecuada a torta de soya. Este proceso puede costar el doble de recursos frente a lo que se importa.

La ejecutiva cree que es una cifra que no satisface los requerimientos, ni la demanda de la industria, pues ese volumen transformado en torta de soya está entre el 4% y el 5% de lo que realmente necesita el sector.

Sostuvo que es importante dar el seguimiento a los procesos de facturación "porque lo que le molesta al industrial es que, si no se compra la soya nacional, no me aprueban el permiso de importación; esto es un chantaje indirecto".

Espín ratificó la vigencia del diferimiento arancelario por cinco años para el trigo y soya como beneficio para todos los sectores que producen proteína de origen animal pero los industriales también requieren un maíz más económico y otras materias primas, para que incluso los consumidores puedan acceder a una proteína más barata.

"Nos sentimos indefensos"
"Indignados y desalentados". Con estos adjetivos, Paúl Parra, presidente de la Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE), expresó que su sector se siente en indefensión tras la resolución del MAG.

Anticipó que, por esta compleja situación, los niveles de producción en el país no serán los mismos de años anteriores. La porcicultura creció de manera sostenida hasta 2019, entre un 7 y 8%, pero este año disminuirá.

"Ojalá podamos llegar a las mismas cifras de 2019 y alcancemos 180 mil toneladas. Según nuestras estimaciones estaremos por debajo de esa cifra, entre un 3 y 5%", adelantó que el costo adicional no se le puede trasladar al consumidor. "Simplemente no vamos a vender", agregó, al ratificar que el costo de la soya prácticamente ha subido al doble del costo internacional, lo que afecta directamente al porcicultor.

En la producción del alimento balanceado para cerdos en las diferentes etapas, la soya es empleada en distintas proporciones. En la fase de gestación está en entre el 12 y 15% de pasta de soya, para los lactantes, 20%, y para el engorde de 20 a 25%.

A Parra también le preocupa la manera cómo el país enfrentará los procesos de apertura comercial cuando no tiene costos competitivos, y pidió estar atentos a los procesos de contrabando de cerdos vivos, y cortes de cerdos congelados por las fronteras de los países vecinos.

AFABA: "noticia con sabor amargo"
Ernesto Freire, director de la Asociación de Fabricantes de Alimento Balanceado para Animales (AFABA), consideró que esta decisión deja un "sabor amargo" y criticó el discurso del Gobierno en torno al interés de fomentar la competitividad para aprovechar los acuerdos comerciales, como la Alianza del Pacífico y otros.

Consideró que los precios altos fomentan el contrabando, ya que Colombia y Perú producen a costos mínimos, mientras que Ecuador debe enfrentarse con productos de altos precios de producción.

"Dentro de la cadena productiva, el consumidor final es quien tendrá que pagar los platos rotos, pues al sector productor le será difícil bajar más los costos para no permitir el contrabando", alertó.
Expresó que "definitivamente esto desmotiva la producción con miras a probables exportaciones. Estamos inconformes con este tipo de decisiones políticas que no tienen ningún soporte, ni sustento técnico", e indicó que esto demuestra la irresponsabilidad con la que las autoridades de turno lo han manejado.

Según estadísticas oficiales, en 2019 se produjeron 525 mil toneladas métricas de carne de pollo con un consumo per cápita de 30 kilogramos, mientras que la producción de huevo comercial fue de 3.904 millones, con 10 millones de huevos diarios y un consumo per cápita de 226 unidades.

Freire advirtió que este año, estas cifras bajarán, agudizadas por la situación económica de los hogares ecuatorianos, producto de la pandemia.

Juzgó como un "chantaje, obligarlos a consumir un producto caro". Sobre el diferimiento arancelario de cinco años de la soya recalcó que se trata de una compensación que también se aplica en otros países. La compensación genera cerca de 35 millones de dólares, pero perjudica al sector en unos 80 millones (65 millones por maíz y 15 millones por soya), sentenció.